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13/02/2018

BÁÑEZ FRENA LA AVALANCHA DE DEMANDAS DE JUBILACIONES ANTICIPADAS POR RIESGO

ATASCO EN LA SEGURIDAD SOCIAL / El secretario de Estado, Tomás Burgos, denuncia que decenas de miles de trabajadores que alegan una actividad de riesgo laboral han solicitado al Gobierno jubilarse de forma anticipada, antes de la edad legal.

La Seguridad Social ha frenado en seco la oleada de solicitudes de trabajadores que pedían la jubilación anticipada, a partir de los 60 años, por considerar que desempeñan trabajos de especial peligrosidad y dureza, con riesgo para la salud. También, ante el paulatino endurecimiento del acceso a la pensión y la prolongación de la vida laboral. 

La Seguridad Social ha emitido una circular en la que introduce un nuevo requerimiento para aceptar las solicitudes de los trabajadores: que sea una petición común de las organizaciones empresariales y sindicales del sector; de la empresa y de los trabajadores. 

A partir de esa medida, la Seguridad Social no ha recibido ninguna petición nueva, según ha informado al Senado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. 

El Gobierno responde así al senador Óscar Guardingo Martínez, de Podemos–En Comú Podem–En Marea, que le pide que agilice las demandas de los trabajadores con estas condiciones para cobrar la pensión antes de llegar a la edad legal de jubilación. Desde 2011, la Seguridad Social no ha aprobado ninguna solicitud de retirada anticipada del mercado de trabajo, con reducción de la edad, para que puedan jubilarse anticipadamente los solicitantes por las siguientes circunstancias: “Especial penosidad del puesto de trabajo, riesgo de accidentes o la proporción de morbilidad en las personas”. Es decir, que enferman en un mismo empleo y en un mismo local de trabajo en un periodo determinado. 

En estos momentos, la Seguridad Social tramita 27 expedientes que, en conjunto, reúnen a “miles y miles de trabajadores y, en algunos casos, a decenas de miles de trabajadores”, según Burgos. El expediente más avanzado es el de los 70.000 policías locales en toda España, sobre el que Hacienda está valorando un eventual incremento del gasto. 

Guardingo pide al Gobierno que “haga una excepción” de jubilación anticipada con coeficiente reductor de la edad a las personas que estén en estas condiciones. Es decir que, en lugar de esperar a la edad legal de jubilación o incluso a la edad legal de jubilación anticipada, puedan hacerlo antes con toda la pensión. La razón es que la Seguridad Social daría por cotizado el tiempo en el que se ha reducido la edad para poder acceder a la pensión. Por ejemplo, podría jubilarse a los 63 años una persona que hoy tendría que hacerlo a los 65 años y seis meses, si así lo establece el coeficiente reductor de la edad. No obstante, por desempeñar una profesión de riesgo, con descuentos y sin descuentos en la pensión, hoy en día se pueden jubilar anticipadamente, los mineros, la policía vasca –la Ertzaintza–; los bomberos de las administraciones públicas, algunos artistas y los toreros, rejoneadores, novilleros, banderilleros y picadores. Por otras razones, que no son trabajos de riesgo, se jubilan a los 60 años y con toda la pensión, todos los funcionarios de la antigua mutualidad de funcionarios. 

UNA TRAMITACIÓN FARRAGOSA 

El Gobierno esgrime varias razones para explicar por qué no salen los expedientes que se están tramitando y por qué ha tenido que frenar las solicitudes. La primera es una tramitación farragosa del expediente que tiene varios pasos. Por ejemplo, verificar la información, con la consiguiente subsanación de errores, porque en ocasiones un mismo sindicato ha proporcionado datos diferentes. En su caso, contrastar los datos con las empresas. Máxime, cuando se trata de un sector con presencia en toda España. Además, tienen que hacer sus respectivos informes seis departamentos distintos del Gobierno, entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, en su caso, Hacienda tiene que valorar su coste para el erario público. 

Burgos admite también la dificultad política de una decisión que la sociedad puede ver como el privilegio de un grupo por permitirle retirarse con toda la pensión sin haber cotizado lo mismo que los demás: “No es voluntad del Gobierno dilatar [los expedientes], pero sí lo es cumplir con todos los requerimientos porque conocemos la sensibilidad que esto despierta, no ya en los sectores afectados, sino en el conjunto de la población”. “En este sentido –continua el secretario de Estado–, si hay excepciones al incremento de la edad de jubilación, la sociedad quiere que estén suficientemente justificadas y acreditadas”. 

Por el contrario, Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, opina que el Gobierno no ha aplicado correctamente la normativa que regula estos casos. “[En la Seguridad Social] abrieron expediente a cualquiera que hiciese la solicitud y ahora tienen un atasco”. Bravo añade que el Gobierno debería dar los siguientes pasos ante las solicitudes: verificar la información, aplicar la prevención de riesgos laborales y, en tercer lugar, siempre comprobar si es posible que los trabajadores hagan otra actividad que no sea la que les causa problemas. Bravo opina además que es necesario exigir un esfuerzo adicional de cotización a los beneficiarios para que, si se hace bien, no suponga mayor coste a la Seguridad Social, “que tenga un efecto neutro”. Por ejemplo, está previsto que los policías municipales tenga un incremento adicional del 10,6% en la cotización, hasta el 38,9% de aportación. 

Fuente: Expansión 

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