- Vigilará que las empresas cumplan con la cotización real a la Seguridad Social
El Gobierno endurecerá por ley la vigilancia sobre las empresas para evitar que utilicen a los becarios como auténticos trabajadores y eludan el pago correspondiente de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El Ejecutivo avanza en su Plan Anual Normativo para 2023 que trabaja en poner en marcha este año, y antes de las elecciones generales de noviembre, la Ley del Estatuto de las personas que realizan prácticas formativas en las empresas. Sin que haya aún ningún texto al respecto, el objetivo de esta normativa, según indica la Administración, es "delimitar de forma más clara" qué es la actividad de formación y qué es la actividad laboral. Con esto, trata de dar mayor seguridad jurídica a "una zona gris en la que no ha sido infrecuente la utilización irregular o fraudulenta de las figuras formativas para encubrir verdaderas relaciones laborales", según indica su plan normativo. No obstante, también añade que se persigue acabar con los efectos que conlleva este uso fraudulento de los becarios "para la recaudación de la Seguridad Social".
Expertos laborales piensan que siempre ha habido una tensión histórica entre los sindicatos y las empresas sobre si los becarios van a aprender o a trabajar. Bajo su punto de vista, lo que anuncia ahora el legislador es que hay que clarificar ese punto y, por tanto, delimitar la actividad formativa de carácter práctico en la empresa de la laboral. No obstante, considera que arreglar todo a base de leyes genera dificultes.
"El Gobierno en este momento cree que incide en la recaudación a la Seguridad Social, así que viene a decir que esto hay que acotarlo bien por si se están colando verdaderos trabajadores o se están utilizando en las empresas estas figuras formativas como empleados encubiertos", explica Chozas (experto laboral). A su juicio, admite que es cierto que para que haya atención social sobre el asunto "es más fuerte" hacer una ley, sin embargo pone en tela de juicio que la normativa que viene vaya a resolver el problema. "Se corre el riesgo de que, si el Gobierno se pone muy duro, los becarios cotizan íntegro en la Seguridad Social o se tienen que pagar una ayuda similar a la de un salario, las empresas digan que no incorporan becarios ni admitan prácticas", considera.
La nueva Ley, bajo la competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, impondrá una serie de requisitos para distinguir esta actividad de la laboral como que haya un acuerdo de cooperación entre la institución formativa y la empresa.
También que la compañía que contrate al becario tenga un plan formativo y que haya una persona que tutorice su actividad. Por otro lado, la normativa desarrollará un conjunto de derechos de las personas en formación relacionados fundamentalmente con el hecho de que la actividad formativa se desenvuelva en un entorno productivo y se regularán aspectos de seguridad y salud, entre otros.
Fuente: elEconomista