El Gobierno ha decidido excluir a la patronal y a los sindicatos del órgano de control del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación por el Empleo. Fundamentalmente, para la formación de los trabajadores en las empresas, con unos recursos de 250 millones de euros. La patronal y los sindicatos acusaron ayer al Gobierno de no respetar los acuerdos alcanzados el pasado 12 de mayo cuando el Patronato aprobó la convocatoria de ayudas para la formación.
El Ministerio de Empleo explicó que la exclusión de los interlocutores sociales en el órgano colegiado que informa las subvenciones de formación es para “evitar conflictos de intereses” entre las confederaciones y sus centros de formación y se ampara en un informe del Tribunal de Cuentas del año 2010. El Gobierno mostró su disposición al diálogo con las organizaciones, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por EXPANSIÓN.
El Tribunal de Cuentas ha denunciado en reiteradas ocasiones la malversación de fondos públicos para la formación por parte de algunas organizaciones de la patronal y de los sindicatos. Esta es una de las razones que esgrime el Gobierno para intentar evitar que se repitan los casos de fraude en la formación.
La patronal afirmó que esta decisión de expulsar a los empresarios y a los sindicatos de los órganos gestores de la formación “no se ajusta a derecho”. En su opinión, el Ejecutivo “no sólo contraviene a la Organización Internacional del Trabajo sobre la obligación de consulta de los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo; sino que además, es contraria a los reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional, que han dado la razón a los interlocutores sociales”.
Testigos
CCOO achacó también la decisión del Gobierno a que éste “no quiere testigos” sobre el reparto de los fondos a las nuevas entidades que tienen derecho a ello. El sindicato añadió que es “una decisión arbitraria del Gobierno en funciones” que supondrá “una bofetada al amplio consenso parlamentario que concitó la ley”.
UGT anunció que recurrirá la exclusión de la convocatoria de 2016 y “emprenderá las acciones legales que considere oportunas”. El sindicato considera “inadmisible el planteamiento anstisindical y antisocial” [del Gobierno] de excluir a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del órgano colegiado encargado de emitir informe sobre el resultado de la evaluación que efectúen los técnicos de la Fundación Estatal para el Empleo en 2016.
Fuente: Expansión