- 4 de cada 10 empresas en España se han visto obligadas a cancelar deudas incobrables utilizando parte de sus ingresos
Para los próximos 12 meses, 6 de cada 10 negocios en España anticipan un aumento en el riesgo de impagos por parte de sus clientes.
Las empresas españolas acumulan más de 1,3 billones de euros en facturas sin cobrar, según la última edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum. La cifra total de facturas pendientes en los 25 países europeos analizados asciende a 10,5 billones de euros.
En 2023, la economía española mostró un notable dinamismo, con un aumento del PIB del 2,5%, en comparación con el 0,4% de la eurozona. Las perspectivas para 2024, aunque moderadas, siguen siendo positivas, con una previsión de crecimiento del 2,3%, según el Banco de España. Sin embargo, pese a este desempeño económico, los impagos siguen representando un desafío constante para la estabilidad financiera de las empresas.
En este contexto, el informe revela que el 81% de las empresas en España tienen deudas pendientes de cobro, un porcentaje ligeramente superior al promedio europeo del 79%, situando a España como el décimo país con mayor proporción de negocios en esta situación.
España comparte esta posición con Austria, Croacia, Reino Unido y Francia, y supera a Noruega (79%) e Italia (78%). Los porcentajes más altos se registraron en República Checa (89%), Alemania, Serbia y Suiza, todas con un 83%, mientras que Irlanda (75%) y Bélgica (74%) presentaron las cifras más bajas.
Esta significativa acumulación de deudas refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para gestionar sus finanzas de manera eficaz. En consecuencia, según el informe, el 38% de las empresas analizadas en España ha tenido que cancelar deudas incobrables con parte de sus ingresos.
De estas empresas, el 48% se arrepiente de no haber mejorado sus prácticas de cobro para evitar llegar a esta situación en el último año. Además, el 29% considera que debería haber prestado más atención a los retrasos tempranos y el 28% habría preferido realizar una mejor evaluación del riesgo crediticio. Estos datos subrayan la importancia de ajustar las estrategias financieras y de cobro para mitigar el riesgo de impagos y garantizar la salud financiera del negocio.
Otra conclusión del estudio es el aumento de la preocupación de las empresas por la puntualidad de los pagos de sus clientes, preocupación que podría estar relacionada con el volumen de préstamos pendientes. Así, el 67% de las empresas manifiesta esta inquietud, cifra superior al 65% registrado en 2023 y al 64% de 2022.
Sin embargo, a pesar del aumento de esta preocupación, el informe de Intrum muestra que la proporción de empresas que prevén un aumento en el riesgo de retrasos o impagos ha disminuido del 67% al 60%, lo que podría indicar una leve mejora en las expectativas empresariales. No obstante, la cifra sigue siendo alta, situándose por encima de la media europea (58%) y de economías como Italia (57%), Francia (56%) y Alemania (55%).
Consultadas sobre los desafíos que afectarán la capacidad de pago de sus clientes en el próximo año, las empresas identifican como principal reto la posible afectación del flujo de caja de sus clientes debido a la dificultad financiera de sus propios deudores (63%). Otros retos importantes incluyen el impacto de los elevados tipos de interés (59%), problemas de suministro en la cadena de valor (59%), regulaciones y cumplimiento normativo (55%) y la alta inflación (54%).
Para los clientes B2C (Business-to-consumer), el plazo medio de pago ofrecido es de 23 días, pero el tiempo real asciende a 34 días, creando una diferencia de 11 días, en comparación con los 9 días registrados en el informe anterior. En el sector B2B (Business-to-business), la situación es aún más pronunciada, con un plazo medio ofrecido de 45 días frente a un plazo real de 62 días, resultando en un retraso de 17 días, en comparación con los 15 días de hace un año. En cuanto al sector público, las condiciones de pago iniciales son de 53 días de media, pero el plazo real se extiende a 69 días, generando un retraso de 16 días, ligeramente mejor que los 17 días de 2023.
Fuente: elEconomista