- Los expertos advierten de un aumento de la morosidad empresarial por la crisis sanitaria
- Las pymes reclaman a la Administración Pública 7.300 millones en deudas de 2019
Las empresas viven con incertidumbre el estado de alarma impuesto por el Gobierno de España que ha echado el freno de mano a la actividad productiva de nuestro país. Todos los expertos y organismos internacionales cuentan con un impacto negativo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus para este año, aunque de prolongarse la situación el golpe podría ser definitivo para muchos negocios, que ante la falta de liquidez en las empresas se pueden ver ahogados entre impagos y deudas no cobradas, en una situación parecida a lo ocurrido en la crisis de 2008. De ello advirtió ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en un comunicado en el que pedía al Ejecutivo medidas para garantizar la cadena de pagos entre las empresas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, asegura en declaraciones a elEconomista que existe "preocupación"entre los medianos y pequeños empresarios que está viendo como su actividad comercial ha caído un 100% de golpe al cerrarse establecimientos y prohibirse las compras a excepción de aquellas de primera necesidad y sin embargo tienen que seguir haciendo frente al pago de sus deudas con proveedores, además de costes de producción, nóminas, cuotas de la Seguridad Social y deudas tributarias que llegan a vencimiento. Ello, advierten desde la PMcM pone en riesgo el colapso del sistema productivo ya que "en este momento la liquidez es el oxígeno para las empresas".
"Los impagos se van a producir", aventura al respecto el profesor de Finanzas y Banca, Juan Fernando Robles, quien explica que ante la incertidumbre que genera el frenazo comercial para las medianas y pequeñas empresas, así como para las grandes compañías, se produce un efecto de "reserva de liquidez" por la que estas demoran al máximo el pago de sus deudas con proveedores para así contar con dinero circulante en caso de necesidad. Y más allá, esto genera una movimiento en cadena por el que las compañías se dejan de pagar y estrangulan su capacidad financiera hasta el punto de la quiebra en algunos casos, como ya ocurrió con un tercio de las compañías que cerraron por causas vinculadas a la morosidad- durante la crisis de 2008.
Antoni Cañete, advierte del peligro que genera esta situación no solo entre empresas que ven retrasado el plazo de cobro sino para los empleados de las mismas. En este sentido, como ejemplo, una empresa de catering que factura una media de 300.000 euros al mes, habrá provisionado productos suficientes para poder dar servicio a sus clientes durante un periodo de tiempo. Por lo que ha comprado productos y tiene que pagar por ellos. Sin embargo, en la coyuntura actual, sus ventas no sufren una merma sino que se frenan en un 100% por las prohibiciones establecidas por el Gobierno, de modo que sus ingresos se frenan por completo. Pero, por otro lado, este empresario tiene la obligación de pagar el producto a sus proveedores y además abonar nóminas, Seguridad Social, etc. "Si una empresa frena y tiene que pagar todo eso de golpe está muerta", concluye el presidente de la PMcM.
Por ello, una de las demandas que ha realizado la plataforma al Gobierno en este sentido, es que todas las Administraciones Públicas hagan frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal de pago y cancelar -antes de final de este mes de marzo- los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019. Esto, explica Cañete, supone una ventana de liquidez para las pymes "que no tiene coste extra para el Estado" ya que se trata del pago de deudas contraídas.
Aunque, tal y como explica el profesor Robles, se trata de una operación que "vendría muy bien" aunque, añade, hay que contar con que la Administración Pública también va a ver reducido su nivel de ingresos, no solo por el impacto del frenazo a la actividad del país sino por situaciones colaterales como el aplazamiento de deudas tributarias, de devoluciones de recibos del IBI. Una seria de impagos que el profesor cuenta con que ocurrirán a pesar que la banca facilite la liquidez de las empresas factor no en vano crucial para el que el profesor cree que el Gobierno debe tomar medidas-.
Fuente: Consejo General de Graduados Sociales de España