PLAN CONTRA EL EMPLEO TEMPORAL ILEGAL/ El Gobierno plantea a la patronal y los sindicatos sancionar a las empresas por cada trabajador que tengan en situación irregular, en lugar de una sanción de conjunto.
El Gobierno ha decidido aumentar más las sanciones al fraude de la contratación temporal. Así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dará dos nuevos pasos en su labor de vigilancia de las empresas en esta materia. En primer lugar, se propone pasar a la sanción directamente, en lugar de requerir a la empresa para que subsane el fraude cometido con los empleados temporales.
En segundo lugar, la Inspección sancionará a la empresa por cada uno de los contratos en fraude que detecte, en lugar de con una sanción por el conjunto de los trabajadores que sorprenda en esa situación. Así lo explicó Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, a la Comisión que supervisa su departamento en el Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, y en muchos casos, la Inspección da un plazo a la empresa para que regularice la situación de los trabajadores temporales que tiene en situación fraudulenta. Y, si no, sanciona al empleador. Báñez explicó a los diputados que va a proponer a la patronal y a los sindicatos que la Inspección “imponga tantas sanciones [a la empresa] como contratos temporales sin causa haya celebrado una empresa”. Se trata así “de corregir el sistema actual centrado en la infracción, que no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados por su situación irregular”. Es una reforma que ya hizo el Gobierno en la pasada legislatura para los casos de trabajadores que no son dados de alta en la Seguridad Social.
El fraude en la contratación temporal es una infracción grave, que puede suponer dos cosas: la conversión inmediata a indefinido del trabajador en situación irregular, y además, una multa que puede ir desde los 626 a 1.250 euros, en su grado mínimo; de 1.251 a 3.125 euros, en su grado medio, y de 3.126 a 6.250 euros, en su multa máxima.
Por lo tanto, el Gobierno se propone multiplicar el importa de la multa por cada trabajador que la empresa tenga con un contrato temporal fraudulento. Por ejemplo, si la sanción afecta a 5 trabajadores, en su grado mínimo puede pasar de 626 euros en conjunto a 3.130 euros. En su grado máximo, para el mismo número de trabajadores la sanción puede ir desde 6.250 euros a 31.250 euros.
Fermín Yébenes, secretario general de la Asociación Profesional de Inspectores de Trabajo, respaldó la medida, pero reivindicó un incremento de las cuantías de las multas, a partir de los 3.000 euros por cada contrato temporal en fraude. “Si Empleo no eleva las cuantías de las sanciones el Gobierno corre el riesgo de hacer un brindis al sol. A muchas empresas les trae cuenta pagar una multa que, en la mayoría de los casos, no llega a las cuantías máximas”.
Báñez fue determinante en la lucha contra la precariedad laboral: “El abuso de la temporalidad [en las empresas] es un atentado a uno de los derechos más básicos de los trabajadores: la estabilidad en el empleo”. Además, ese fraude “es un acto de competencia desleal, que perjudica a la gran mayoría de empresas de este país que sí cumplen con la ley”. En las negociaciones con la patronal y los sindicatos, el Gobierno también ha propuesto castigar a las empresas que abusen de la contratación temporal elevando sus cotizaciones por desempleo. Es un modelo de bonus-malus, porque también rebaja estas mismas cotizaciones a las empresas con menos empleos temporales. El Ejecutivo plantea medir el nivel de este empleo utilizando la media del trabajo temporal que tenga el sector de la empresa en cuestión.
Báñez también quiere subir la indemnización de forma creciente por extinción del contrato temporal: 12 días de salario por año de servicio para el primero; 16, para el segundo año, y 20 días de salario para el tercero.
Fuente: Expansión